República Dominicana avanza en sistemas de alerta, regulación y respuesta ante desastres, pero una pregunta permanece abierta frente a la amenaza sísmica: ¿qué ocurriría si un terremoto de gran magnitud golpeara zonas urbanas donde miles de viviendas se encuentran unas junto a otras, con calles estrechas, alta densidad poblacional, poco espacio público y edificaciones cuya condición estructural no siempre está documentada?
En el Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y una parte de Santo Domingo Este, por ejemplo, existen sectores donde las viviendas han sido construidas muy cerca unas de otras, incluso en zonas próximas a cañadas, condiciones que podrían dificultar las labores de rescate.
El desafío de las autoridades no consiste únicamente en verificar si las nuevas construcciones cuentan con permisos. También implica plantear qué hacer con los miles de viviendas que ya existen bajo condiciones que podrían aumentar su vulnerabilidad, ya sea por la vulnerabilidad del terreno, la cercanía entre una construcción y otra o el tipo de edificación.
El problema no sería solamente cuántas construcciones resultarían dañadas, sino si los equipos de emergencia podrían llegar hasta las personas atrapadas, abrir rutas de acceso y ejecutar operaciones de búsqueda y rescate en territorios urbanos densamente ocupados.
EL RIESGO COMIENZA ANTES DEL TERREMOTO
La República Dominicana no parte de cero frente a la amenaza sísmica. El país dispone de reglamentos de diseño, instituciones técnicas, sistemas de monitoreo, mecanismos de respuesta y herramientas para la evaluación del riesgo.
El Código de Construcción de la República Dominicana establece requerimientos específicos para el diseño sísmico de edificaciones, entre ellos disposiciones para que las estructuras puedan resistir las cargas laterales producidas por los movimientos sísmicos y para que sus cimentaciones soporten las fuerzas generadas por esos movimientos.
El Reglamento para el Análisis y Diseño Sísmico también establece criterios para determinar las fuerzas sísmicas y contempla la evaluación de la vulnerabilidad de edificaciones existentes cuando son modificadas, ampliadas, intervenidas o rehabilitadas.
Sin embargo, el desafío también está en las edificaciones levantadas sin controles técnicos suficientes y en aquellas construidas sin la participación de profesionales especializados, una preocupación señalada por expertos en estructuras.
En julio de 2026, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo advirtió que la República Dominicana enfrenta un riesgo sísmico significativo y llamó a reforzar la calidad de las construcciones, la supervisión técnica, la preparación ciudadana y la protección financiera ante un posible terremoto de gran magnitud. INTEC vinculó esa preocupación con el prolongado silencio sísmico de la Falla Septentrional, que, según especialistas de esa institución, acumula cerca de ocho décadas sin producir un gran terremoto.
Eso no significa que pueda predecirse cuándo ocurrirá un terremoto. Significa que el riesgo existe y que la preparación debe considerar tanto el fenómeno natural como las condiciones existentes en las ciudades.
UNA CIUDAD DENSAMENTE OCUPADA
Los datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 permiten dimensionar una parte del problema.
El Distrito Nacional tiene una superficie de aproximadamente 91 kilómetros cuadrados y una población de 1,029,110 habitantes, equivalente a una densidad de 11,281 habitantes por kilómetro cuadrado, según la Oficina Nacional de Estadística.
Esa concentración poblacional no constituye por sí misma una vulnerabilidad. Una ciudad densa puede ser segura si cuenta con edificaciones resistentes, calles adecuadas, infraestructura preparada, espacios de evacuación, servicios de emergencia suficientes y planificación urbana.
EL PROBLEMA APARECE CUANDO LA DENSIDAD SE COMBINA CON OTROS FACTORES.
El análisis de Amenazas y Riesgos en República Dominicana identifica precisamente esa combinación. En el Distrito Nacional, La Zurza, San Diego y Domingo Sabio aparecen con niveles muy altos de agravamiento, asociados a condiciones como hacinamiento, marginalidad y falta de espacios públicos. El documento señala, además, que para la mayoría de los barrios analizados el hacinamiento y la ausencia de áreas de parques o espacios públicos figuran entre los principales elementos que agravan el riesgo, debido a que esos lugares podrían utilizarse potencialmente durante la respuesta a un desastre.
Herrera es un denominado “semillero” de viviendas ubicadas en lugares vulnerables, muchas de ellas construidas sin dejar suficiente espacio para el acceso, al punto de que algunas zonas solo permiten el paso a pie, situación que se refleja en las imágenes.
Si una parte de estas viviendas sufriera daños estructurales durante un terremoto, ¿por dónde entrarían los equipos de rescate?
La pregunta y el reportaje no acusan a quienes viven allí. Más bien, constituyen un llamado de alerta a las autoridades para prevenir con tiempo, porque se trata de un problema relacionado con la planificación urbana y la capacidad de respuesta.
EL RIESGO TAMBIÉN ESTÁ DEBAJO DE LAS CONSTRUCCIONES
La amenaza tampoco se limita al movimiento de las edificaciones. La República Dominicana se encuentra en un entorno tectónico activo asociado a la interacción entre las placas Norteamericana y Caribeña. Ese contexto está relacionado con varias fallas sísmicas activas del territorio, entre ellas las fallas Septentrional y Enriquillo-Plantain Garden.
La historia demuestra que los terremotos capaces de producir grandes daños no forman parte de un escenario imaginario.
El Servicio Geológico Nacional documenta que el terremoto del 4 de agosto de 1946 alcanzó una magnitud de 8.1, tuvo su epicentro a unos 65 kilómetros de la costa noreste dominicana y provocó graves daños en distintas provincias. El fenómeno también generó un tsunami y dejó comunidades incomunicadas debido a los daños en viviendas, puentes y carreteras.
La lección resulta fundamental para la tesis: un desastre no termina en el edificio que se cae. Puede afectar simultáneamente calles, puentes, redes de servicios, comunicaciones y rutas de acceso.
La experiencia internacional confirma esa dimensión. El Servicio Geológico de Estados Unidos documentó que el terremoto de Loma Prieta, ocurrido en California en 1989, afectó calles urbanas, carreteras, puentes, túneles y otras estructuras del sistema vial. También registró alteraciones importantes en el transporte y dificultades para las operaciones de emergencia.
EL SEGUNDO PROBLEMA PUEDE SER LLEGAR
En República Dominicana existe una diferencia entre disponer de capacidad de alerta y contar con capacidad efectiva de rescate en cada territorio. Una alerta puede advertir sobre un peligro, un protocolo puede establecer qué hacer y un sistema de emergencia puede recibir una llamada.
Pero ninguna de esas herramientas elimina por sí sola una calle bloqueada por escombros, una vivienda colapsada sobre otra, un puente inutilizado o una zona urbana sin espacios suficientes para instalar equipos, ambulancias y centros temporales de atención.
La experiencia de otros terremotos muestra que la interrupción de las vías de comunicación puede convertirse en un componente crítico de la emergencia. En Loma Prieta, el Servicio Geológico de Estados Unidos documentó daños en carreteras y estructuras viales, además de problemas relacionados con el transporte y la respuesta de los organismos de emergencia.
La reducción del riesgo urbano, por tanto, no depende únicamente de que una edificación pueda resistir el movimiento. También requiere garantizar que los servicios esenciales, las vías y los espacios necesarios para la respuesta puedan mantenerse operativos o recuperarse rápidamente.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha señalado que el crecimiento urbano, la exposición de infraestructura, la vulnerabilidad física y las limitaciones de preparación y respuesta son factores que pueden aumentar el riesgo de desastre.
LOS PERMISOS
El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones reportó 1,122 licencias de construcción emitidas entre enero y julio de 2026, frente a 605 durante el mismo período de 2025. La cifra también supera las 953 licencias emitidas durante todo 2025, según los datos incorporados a esta investigación.
El MIVHED informó, además, que en julio alcanzó 201 licencias de construcción en un solo mes.
El crecimiento de las licencias constituye un indicador importante de la capacidad institucional para procesar nuevos proyectos. Pero plantea otra pregunta periodística que todavía necesita ser respondida con datos: ¿qué ocurre con las edificaciones que ya existen?
No basta con contar cuántas licencias se emiten actualmente. Hay que conocer cuántas edificaciones existentes fueron levantadas bajo las normas vigentes, cuántas fueron modificadas posteriormente, cuántas han sido evaluadas estructuralmente y cuántas presentan condiciones que podrían aumentar su vulnerabilidad.
El propio MIVHED mantiene mecanismos para la habilitación de profesionales y empresas dedicados a la evaluación y el levantamiento estructural de edificaciones existentes, así como para estudios geotécnicos y ensayos de suelos y materiales.
LA CIUDAD QUE YA EXISTE TAMBIÉN NECESITA PREVENCIÓN
El riesgo sísmico debe dejar de analizarse únicamente como una relación entre terremoto y edificio. En ciudades densamente ocupadas debe estudiarse como una cadena de hechos que podrían dificultar las labores de rescate.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres ha advertido que los impactos sociales y económicos de los desastres se concentran cada vez más en centros urbanos debido a la densidad de población, infraestructura y activos expuestos. También plantea la necesidad de utilizar información sobre riesgo para orientar la planificación urbana, las inversiones y las medidas de resiliencia.
Para República Dominicana, esto significa que una política moderna de prevención no debería limitarse a construir mejor hacia el futuro. También tendría que responder qué hacer con la ciudad que ya existe.
Los académicos coinciden en que el desastre todavía puede reducirse si el país utiliza los datos que ya tiene para identificar dónde se concentran la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, y convierte esa información en decisiones concretas de construcción, fiscalización, rehabilitación, ordenamiento territorial y rescate.
Porque cuando llegue el terremoto, si alguna vez ocurre uno de gran magnitud, ya no habrá tiempo para descubrir dónde están las zonas difíciles de entrar. La ciudad tendrá que haberlo sabido antes.
NDIGITAL
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